19/enero/2024

Una ciudadana llamó a la línea única para emergencias, 9-1-1, e indicó que recibió intimidaciones por parte de otra persona, quien además la amenazó con que iba a colocar un artefacto explosivo en una entidad pública de Ambato, provincia de Tungurahua. En el audio de la emergencia se escucha a la mujer decir “me llama a amenazar. Que nos va a poner una bomba (…) que ya tiene listo todo y que él va a actuar. En la situación tan delicada que estamos, sí me da un poco de nervios, de miedo sobre cómo está actuando este señor…”.  

Según los protocolos logísticos del ECU 911, estas alertas reciben un tratamiento prioritario debido a su complejidad y se coordinan de forma inmediata con los recursos técnicos de Policía y otras instituciones articuladas para que efectúen las labores de atención.

Una vez recibida la alerta y con las indicaciones brindadas por la persona que llamó al 9-1-1, las unidades policiales asistieron al punto para verificar la situación, al llegar y luego de realizar las labores de evaluación e indagación en el lugar, determinaron que no había novedades relacionadas con artefactos explosivos, en las tareas también apoyó personal de las Fuerzas Armadas. Ante esta situación, los agentes de la Policía Judicial se comunicaron con el 9-1-1 para que se activara la herramienta de georreferenciación y se ubicara elterminal móvil de la persona que presuntamente realizó las amenazas a la ciudadana e indicó que pondría la bomba en determinado lugar. 

Con esta herramienta tecnológica —que permite la geolocalización y determina la ubicación o posicionamiento geográfico de un número celular— se pudo aprehender a un ciudadano ecuatoriano de 38 años (sin detenciones previas), quien aparentemente realizó las acciones intimidatorias y la amenaza de colocación de bomba y ponerlo a órdenes de las autoridades judiciales competentes. La comunicación constante entre los agentes en territorio y la Sala de Operaciones del ECU 911 facilitó las labores de ubicación y captura de esta persona. Esta plataforma funciona a escala nacional y se usa como apoyo para el trabajo de los efectivos de las instituciones de control y seguridad.

Según el reporte inicial de los agentes que ejecutaron elprocedimiento de aprehensión, el ciudadano fue detenido por “el presunto cometimiento de un delito de intimidación”. Además, como evidencias e indicios asociativos se confiscaron terminales móviles de distintas marcas y modelos. 

Como medida preventiva, las unidades de la Policía han realizado constantes patrullajes en las inmediaciones y alrededores de la entidad pública y, hasta el momento, no se han presentado novedades. La alerta de la ciudadana afectada se registró a las 19:12 de este miércoles 17 de enero.

A escala nacional, el miércoles 17 de enero, se contabilizarontres avisos relacionados con artefactos explosivos y el jueves 18 de enero hubo una llamada de este tipo. 

Según el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de intimidación se sanciona con pena privativa de la libertad de uno a tres años.